Gestión y racismo. A propósito de la migración sub-sahariana occidental en el Buenos Aires contemporáneo

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Mary Luz Estupiñán Serrano
FONDECYT

 

En este texto, lejos de adherirnos a los postulados que profesan que asistimos a la era de la migración internacional, deseamos más bien ponerlos en cuestión y plantear la idea de que la migración posterior a 1990 se ha puesto en el centro de la agenda política de los países industrializados con la pretensión de gestionarla, lo que implica fomentar determinadas formas de movilidad al tiempo que contener y desincentivar ciertos segmentos poblacionales. En los siguientes cuatro apartados presentaremos en primera instancia el escenario en el que la migración procedente del África Subsahariana Occidental adopta la ruta transatlántica para arribar a Buenos Aires. En este escenario, las medidas adoptadas por la Unión Europea en las últimas décadas son un punto neural. En segundo lugar, caracterizaremos esta migración que, entre 1990 y 20101 ha arribado a la capital argentina. En un siguiente apartado, daremos cuenta de nuevas metáforas a partir de las cuales se rearticula, en Buenos Aires, la raza y el racismo en torno al migrante negro. Finalmente indicaremos algunos puntos en los que se hace necesario abordar el análisis crítico del programa de gestión migratoria y las formas en las que ha ingresado al Cono Sur de América Latina.

Palabras clave: migración subsahariana occidental, Buenos Aires, gestión migratoria, racismo.

 

I


El continuo movimiento de personas a través de las fronteras es una característica integral de un mundo en rauda globalización
(Agenda Internacional para la Gestión Migratoria, 2004, 175)

Las Naciones Unidas definen un migrante internacional como aquel que ha vivido fuera de su país de nacimiento por más de un año. Esta noción es la que sustenta las estadísticas anuales, que en el año 2013 registraban un total de 232 millones de migrantes, lo que se traduce en un 3,2% de la población mundial (ONU 2013). Los datos de las dos últimas décadas han permitido no sólo a los Organismos Internacionales (OI) y a su conjunto cada vez más grande de expertos, sino también a académicos, académicas y a investigadores e investigadoras presentar la migración internacional como un fenómeno con características sin precedentes, pues se insiste en un aumento en volumen, alcance geográfico, ritmo de crecimiento, y formas y canales de movilidad. Y es que pasamos de crecimiento de un 2,8%, entre 1980 y el año 2000, a uno de 3%, en la franja 2005-2009 (Zlotnik 2006). En el último trienio éste ha ascendido a un 3.2%. Que ha habido un aumento, es innegable. No obstante, en términos macros vemos que, contrario a lo que se predica en un mundo tejido por los discursos globalizadores, la gente sigue siendo predominantemente sedentaria. Entonces si migran tan pocas personas en el mundo, vale la pena preguntarse ¿dónde está el detonante de la atención política y mediática prestada en las últimas décadas al tema migratorio? Una primera y ya bien divulgada respuesta es que, desde fines de los años setenta, buena parte de esa migración se ha dirigido a los Estados Unidos y a la Unión Europea. De ahí que esos destinos sean los que dominen la literatura de los estudios migratorios, y que sus “problemas” estén siendo refractados como “problemas globales”. Una segunda respuesta, que podría seguirse explorando con mayor profundidad, es que no todos los migrantes son “deseados” ni bienvenidos en los lugares de arribo o de estancia. El criterio de selectividad excede con creces las categorías de “mano de obra calificada” o “no calificada”. Una tercera respuesta, y es la que queremos proponer aquí, es que la migración internacional ha devenido un tema político problemático, en el sentido que Miller y Rose le dan a este proceso. Y no es que la migración no se haya abordado políticamente antes, sino que ahora se insiste en ella con mayor énfasis y teniendo en cuenta múltiples dimensiones en la que si bien la economía es una de ellas, sigue siendo dominante. Pensamos en la fuerza que en los últimos tres lustros ha tomado el vínculo migración-desarrollo, por dar un ejemplo evidente, y en la jerga predominante en ciertos estudios sobre el tema: stock migratorio, relación costo-beneficio, capital humano, emprendimiento, etc.

No es menor que en un escenario pos Guerra Fría, se afirme con vehemencia –tal como lo hace Bimal Ghosh, uno de los expertos que contribuyó a idear el modelo de gestión migratoria–, que la migración es un “verdadero proceso global” y que, a su vez, en un contexto de globalización, puede ser un factor generador de crisis. La apuesta entonces es a maximizar los beneficios y a reducir los riesgos, no sólo en términos económicos sino también sociales y culturales. Esta “positivización” del fenómeno es la que da cuenta de su definición como objeto político, con lo cual se empieza a trillar el camino para su “problematización”. Peter Miller y Nikolas Rose, siguiendo a Michel Foucault, señalan que la noción de “problematización” refiere un proceso en el que los problemas son construidos y visibilizados. En este sentido, la construcción de un campo de problemas es lenta y compleja, en tanto que éstos deben aparecer como problemáticos de diferentes formas, en diferentes lugares y por diferentes agentes, para luego ser contorneados y controlados por los expertos especializados o profesionales, grupos de presión, políticos, líderes corporativos, medios, organizaciones no gubernamentales, etc. Una vez que se logra cierto consenso de que el problema o los problemas existen y que necesitan ser corregidos, éstos son enmarcados dentro de un lenguaje común y devienen en objeto de un conocimiento más o menos formalizado. Dicha formalización por parte de los expertos puede darse tanto en una etapa temprana, como en una etapa intermedia, aunque ésta también puede llegar una vez el hecho se ha establecido, con lo cual se presenta el problema como un territorio fértil a ser explorado. De modo que una vez identificada la problemática, se despliega una serie de tecnologías con el fin de corregirla. Creemos que es este marco de “problematización” de la migración el que articula la proliferación de discursos en torno a ella desde inicios de los años noventa y cuya respuesta, como ya lo hemos indicado, ha sido principalmente política. Vale decir, una política regida no sólo por la economía política, sino también por una geopolítica y una biopolítica que tienen por objeto la rentabilidad de la vida y cuyas dinámicas jerarquizantes y clasificatorias se van reajustando cada cierto tiempo.

Antes de entrar en materia referiremos sólo un ejemplo de este tipo de política que ha afectado directamente las rutas de la migración proveniente del África Occidental. Ésta dice relación con las directrices que ha tomado la UE en referencia a la migración extracomunitaria. En 2004, la Comisión Europea dio carta de nacimiento a la Agencia para la Gestión de la Cooperación en la Fronteras Exteriores (FRONTEX) (Regulación 2007/2004) y con ello se dio inicio también a una maquinaria policial de caza migrantes, en especial de los migrantes irregulares, aclaran. En 2006 la Agencia puso en marcha la primera de una serie de operaciones para custodiar por tierra, aire y mar tanto las fronteras de los países mediterráneos como de los países vecinos, para el caso, norafricanos y africanos occidentales. De modo que en 2006 se desarrolló la operación estrella denominada Hera, que contó con el apoyo de los gobiernos de España, Italia y Francia, encargada de vigilar las aguas de las Islas Canarias y patrullar las costas de Senegal y Mauritania para interceptar las pateras que partían de ellas. Dos años más tarde entraba en escena Minerva, operación que en esta oportunidad debía custodiar el sureste de España y las Islas Baleares y evitar así la entrada de inmigrantes provenientes de Marruecos y Argelia. En ese mismo año FRONTEX lanza Nautilus para contrarrestar la migración que arribaba a Italia procedente de Malta y Libia. En 2009 Poseidón se hacía cargo de la desviación ocasionada en las rutas anteriores que ahora pretendía alcanzar suelo europeo vía Grecia. No obstante, como era de esperarse, el eje se desplazó a Turquía (Kasparek 2010; Rodier 2013). Así, mientras las rutas se iban continuamente desplazando por territorio norafricano y mediterráneo, otras empezaban a contornearse, en especial para la migración subsahariana que pretendía alcanzar suelo comunitario vía las Islas Canarias (OEA 2011). Resulta curioso que sean metáforas griegas y latinas las que dan nombre a estas operaciones. Quizás sea un gesto con el que se quiere actualizar el mito de la supremacía europea blanca, enfrentada a los migrantes negros, justo cuando su lugar en el actual mapa geopolítico se ha visto cuestionado.

Tal maquinaria securitaria induce a pensar que los migrantes subsaharianos irregulares arriban a las costas europeas en masa. Empero, las cifras para la ruta que parte de Senegal y lleva a Europa vía el archipiélago canario, no ha superado el 10%, en su punto más alto, de la población migrante que reciben anualmente las islas2. Recuérdese que es a partir del ingreso de España a la Unión, pero sobre todo con la entrada en vigencia del tratado Schengen (1993), que las relaciones entre el archipiélago español y Senegal mutan drásticamente, pues, como sabemos, es a raíz de este acontecimiento que se endurecen las políticas de entrada de inmigrantes no comunitarios. Esto redujo las posibilidades de ingreso a senegaleses y africanos subsaharianos en general, quienes una década antes transitaban legalmente entre ambas orillas por motivos comerciales. En virtud del criterio de selectividad impuesto en 1993, un senegalés o un subsahariano sólo puede ingresar a España con beca o con contrato de trabajo –exceptuando, claro está, las categorías especiales: deportistas, religiosos, diplomáticos, empresarios–. Sin embargo, no es la mera reducción de los canales de legalidad para el tránsito entre España y Senegal lo que da paso a la aparición de los primeros cayucos en las costas canarias en 1994. Es sobre todo la alta tasa de desempleo provocada por las políticas de ajuste estructural primero, y las políticas españolas de pesca después, las que desde los años 80 y 90 han sustraído sistemáticamente a los locales (Senegal, Mauritania y Malí) de sus prácticas económicas fundamentales. Es también la pauperización de las actividades agrícolas generada por los monocultivos (cacahuete y algodón) en buena parte de los países del África Occidental. Sin olvidar una buena dosis de conflictos políticos que siguen teniendo lugar en esta zona (Sierra Leona, Liberia, Mali). No obstante, son los cayucos los que han constituido la cara visible de esta situación, práctica sostenida desde 1994 y cuyo desmantelamiento se convertirá en el centro de atención que de modo posterior justificará, aparentemente, la construcción de vallas y alambrados (Ceuta 1996-1999 y Melilla 1995-2000), y la militarización de las costas españolas; todo ello junto a la externalización y extraterritorialización de las fronteras europeas, como lo deja en evidencia la operación Hera y el Plan África en sus versiones 2006-2008 y 2009-2012.

Dichas medidas tienen como meta reducir la llegada de “inmigrantes africanos irregulares” a cero y repatriar la mayor cantidad posible de los ya instalados; para ello se han creado los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), política que ha sido muy polémica pues estos lugares no se diferencian mucho de las cárceles comunes, tanto en el procedimiento de reclusión, como en el trato a las y los internos. Las recientes investigaciones de Nina Sorensen y Thomas Gammeltoft-Hansen (2012), al igual que las de Claire Rodier (2013) evidencian que estas políticas hacen parte de una industria migratoria que se está consolidando a nivel internacional. Industria que, como bien señala Alexander Betts, no sería posible sin la creación de mercados migratorios, lo cual indica que la “movilidad humana” está siendo objeto de rentabilización y de intercambio competitivo. Tanto la industria como los mercados son síntoma de la privatización de las políticas migratorias que, gracias a la codificación de la globalización, ha permitido la externalización de fronteras en el caso de la Unión –no sólo en el norte de África, sino en el África al sur del Sahara y al Cono Sur de América Latina–, así como la desterritorialización de su política migratoria. En este sentido, cobra importancia la consolidación e incorporación de otros actores que se disputan la prestación de servicios en esta materia a los gobiernos (OIM, OIT, ACNUR).

En síntesis, la condición de irregularidad es una constante en la inmigración subsahariana a partir de 1994, pero en ningún caso constituye una “invasión” que fundamente la maquinaria militar y tecnológica que se ha puesto en marcha para detectar, detener, repatriar y contener en casa a los inmigrantes subsaharianos. Éstas más bien hacen parte de una tecnología mayor denominada gestión migratoria (Migration Management), que en nombre del combate de la irregularidad y de la seguridad como bandera se ha ido configurando en las dos últimas décadas a nivel global y que, en el caso europeo, tiene por foco la migración subsahariana pobre o su traducción en dichos términos. Si bien no es este el lugar para desarrollar tal idea, ésta nos permite articular el análisis de la migración subsahariana que entre 1990 y 2010 ha arribado a Buenos Aires3. Vemos que existe una relación entre las políticas migratorias impulsadas en las últimas décadas por la UE y la emergencia y/o consolidación de “nuevas” rutas, pues pese a los esfuerzos por desincentivar y contener los proyectos migratorios de la población subsahariana, las y los migrantes no sucumben ante ellos. He aquí un caso en el que un “nuevo” destino entra en el mapa migratorio y permite fundamentar las afirmaciones, tan citadas en los perfiles e informes internacionales, de un alcance geográfico sin precedente en la historia de la migración internacional. Pero poco se dice de las dinámicas que permiten su emergencia. Y no sólo se abre el abanico de nuevos destinos, pues a la par se disemina una industria migratoria cuya arista más nefasta es el tráfico ilegal de migrantes, por un lado, y la creación de Centros de Internamiento para Extranjeros, por otro. Si bien las respuestas frente a esta migración, en términos de política migratoria, entre la UE y la Argentina han sido diametralmente opuestas, hay puntos de contacto, tal como lo veremos más adelante.

En cuanto a la migración subsahariana en Buenos Aires, se constata que la mayoría ha arribado por canales no autorizados y proviene en su mayoría de Senegal. Conocemos ampliamente los términos en los que el tráfico africano transatlántico se dio en un pasado ahora lejano. Con todo, la migración contemporánea, aunque en cierne y con motivaciones imbricadas, rearticula la jerarquización en términos de clase, raza y género. Ahora bien, la espectacularización de la migración subsahariana que los medios de comunicación y algunos gobiernos europeos suelen presentar en términos de “invasión” y “amenaza”, enmascara el hecho de que las migraciones en África son mayoritariamente intracontinentales (Kabunda 2012). De modo que la migración que está arribando al Cono Sur de América Latina, es una mínima parte de ese 20% que sale del continente.

II

En este punto nos resulta inevitable entregar al lector una serie de datos, con el fin de caracterizar esta migración. Para ello nos apoyaremos en fuentes oficiales, tales como el Censo Nacional de Población y Vivienda en sus versiones 2001 y 2010; las estadísticas de radicaciones de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM); y los datos de solicitudes de refugio de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE)4. Estas cifras serán contrastadas con las aportadas por las investigaciones etnográficas adelantadas hasta la fecha y por las estimaciones realizadas por los organismos de migrantes que los nuclean. Si bien las fuentes son heterogéneas y corresponden a diversas categorías (residente, temporario, migrante irregular y solicitante de refugio), mantendremos la noción genérica de migrante, dado que en el caso argentino las fronteras entre estos grupos se solapan, pues en algunos casos y circunstancias se ha utilizado el procedimiento de refugio como estrategia de entrada y, sobre todo, porque en el tiempo de espera de respuesta de aceptación o de negación del refugio, los solicitantes son considerados migrantes temporales (OEA 2011). También porque la solicitud de refugio ha sido una de las formas de constatar, en parte, la entrada irregular.

Entrando en materia, el Censo de 2001 indicaba un total de 1.883 residentes “africanos”, de los cuales 1.401 se concentraban en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)5 y el Gran Buenos Aires (GBA)6. Diez años más tarde se registraba un aumento del 45%, es decir, para el año 2010 residían 2.738 personas provenientes del continente africano. La jurisdicción de Buenos Aires seguía concentrando el mayor número de ellos, 1.176. Pese a que en el GBA se señala una disminución en relación al censo anterior7, otras fuentes dan cuenta de un incremento a partir de los años 2004 y 2005, cuando las estimaciones de las organizaciones que los nuclea o que tienen conocimiento de las llegadas irregulares, empiezan a superar los datos registrados en el censo de 2001. La Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina (ARSA) y el Instituto Argentino para la Igualdad, la Diversidad e Integración (IARPIDI) calculaban en 2010 –antes de conocerse los datos del último censo–, entre 1.500 y 3.000, respectivamente. Los mismos inmigrantes han hablado de 5.000 y se ha llegado a suponer un máximo de 6.000 (Wabgou 2011). Esta desproporción entre los registros oficiales y las diversas estimaciones, da cuenta, por un lado, de la subrepresentación en los primeros y, por otro, de la distorsión en las percepciones en las segundas. A esto podemos agregar la dificultad que tal situación reviste para un tipo de investigación en el que las estadísticas son el punto de partida. Pero tal vez esta misma divergencia numérica sea un indicio de ciertas prácticas adelantadas por las y los migrantes que escapan, de manera consciente o no, al cálculo, la medición y, por tanto, a su gestión.

En cuanto a las radicaciones otorgadas por la Dirección Nacional de Migraciones, también se constata un pequeño incremento de los flujos en el período 2004-2012. De un total de 1.060 radicaciones permanentes y temporarias para la región África, las nacionalidades que encabezan la lista pertenecen a Senegal, Nigeria, Angola y Sudáfrica. También se registra una presencia procedente de Camerún, Ghana, Sierra Leona, Guinea, Costa de Marfil, Argelia, Egipto y Congo. Estas cifras indican que desde el año 2006 la entrada al país conosureño de migrantes subsaharianos ha sido sostenida, siendo el trienio 2009-2012 el de mayor aumento, y los procedentes de Senegal los más destacados.

Como habíamos anotado antes, una de las formas de registro de los arribos irregulares han sido las solicitudes de asilo, pues una vez llegan al país abren dicho procedimiento, mientras inician labores comerciales informales. De modo que en el periodo comprendido entre 2002 y 2012 hubo un total de 2.451 solicitudes provenientes de países africanos, de las cuales la gran mayoría (1.677) corresponden a la nacionalidad senegalesa, seguido de la nacionalidad nigeriana (240). En 2008 y 2012 se registraron los puntos más altos en el número de solicitudes por parte de los senegaleses (335 y 706, respectivamente) y sólo una mínima parte de ellas se ha resuelto a favor (41). De igual modo ocurre con los nigerianos, quienes cuentan con sólo 33 solicitudes reconocidas. Este comportamiento en las cifras es lo que ha permitido afirmar a las investigadoras Bernarda Zubrzycki y Silvina Agnelli que la solicitud de refugio ha sido una estrategia de ingreso. Y creo que cabe poca duda al respecto.

Los trabajos académicos adelantados a la fecha indican que, hasta 2010, la principal ruta de los migrantes, en particular senegaleses, era vía Brasil, pues Brasil y Senegal mantienen diversos acuerdos de cooperación y el primero cuenta además con representación diplomática en Dakar (la argentina fue suspendida en los 90). De modo que allí tramitaban la visa para Brasil e iniciaban el itinerario de viaje que los llevaría por varias ciudades brasileñas (Fortaleza- São Paulo entre ellas). Luego ingresaban a Argentina por la frontera sur, Uruguaiana, burlando los controles. Con posterioridad a 2010, se han registrado ingresos vía Bolivia, cuya ruta contempla el paso por Colombia/Panamá y Perú/Ecuador. Ruta que, luego del terremoto, abrieron los haitianos –o, mejor dicho, los traficantes de migrantes haitianos–, con la pretensión de llegar a Brasil, y a la que se fueron sumando senegaleses y bangladesíes, aunque tal como lo indican las radicaciones de la DNM, también hay otros que han llegado directamente a Buenos Aires. En la investigación etnográfica también se ha podido constatar que una mínima parte llegó vía España o Portugal y otra vía Sudáfrica. Una proporción menor arribó entre 2004 y 2011 como polizones. Se trató de jóvenes entre 14 y 17 años quienes viajaron escondidos en las quillas de los barcos. La Defensoría General de la Nación se ha hecho cargo de los 107 menores que provienen de Liberia, Sierra Leona, Guinea, Nigeria y Congo en busca de refugio (Blanco 2007; Texidó 2012).

Si bien esta migración se ha hecho más visible y numerosa en la primera década del siglo XXI, tiene su inicio en la década del 90. Así lo permiten constatar las solicitudes de refugio para la franja 1990-1999, en las que se encuentran senegaleses y sierraleoneses (Cicogna 2012). En esta misma línea, la creación, a fines de los noventa, de la Asociación de Nigerianos, la Asociación de Malianos y la Asociación de africanos, junto a la participación de algunos de ellos en las asociaciones de afrodescendientes ya existentes –en especial la Asociación Caboverdeana de Dock Sud que dirige Myriam Gomes–, constituyen un antecedente de su paulatina presencia. Como hemos podido notar, de los noventa a la fecha, las diversas procedencias forman un caleidoscopio que se mueve entre Senegal y el Congo, pasando por Mali, Costa de Marfil, Sierra Leona, Ghana, Guinea y Nigeria, aunque siempre es la nacionalidad senegalesa la que predomina. De ahí que este colectivo haya recibido mayor atención por parte de las investigadoras y los investigadores8.

Una vez en Buenos Aires, suelen asentarse en pensiones ubicadas en las comarcas comerciales más dinámicas (Once, Flores y Constitución) donde comparten habitaciones con sus compatriotas. A nivel laboral se insertan principalmente en la economía informal, como vendedores ambulantes de bijouterie –portando inicialmente un maletín– o de productos de temporada, instalándose con puestos provisorios en zonas centrales o en ferias. Sin embargo, quienes cuentan con la regularidad, de acuerdo a la normativa argentina, comienzan a trabajar en bares y restaurantes, al igual que como promotores culturales en la enseñanza de danza y percusión africanas. Hay incluso quienes han instalado locales de artesanías que traen desde Senegal.

Como ya habíamos señalado, hasta mediados de 2010 la gran mayoría de los senegaleses ingresaron a la Argentina vía Brasil y la estrategia inicial fue la solicitud de asilo. Fue justamente este “abuso del procedimiento” el que llevó al entonces Presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados en Argentina, Federico Luis Augusti, a iniciar en 2009 una serie de medidas para “corregir la anomalía”. Las medidas dicen relación con denuncias judiciales por tráfico de migrantes y diálogo de cooperación con los países de tránsito. En este sentido, se abrió una etapa de coordinación entre ministerios de relaciones exteriores de Argentina y Brasil para generar acciones que permitieran frenar el tránsito irregular. Es así que a mediados de 2010, Brasil incorporó modificaciones a las exigencias de viaje a los senegaleses.

No obstante, los diarios brasileños siguen noticiando sobre casos de grupos de subsaharianos que son conducidos a Argentina por parte de los traficantes. Valga mencionar sólo dos. El 29 de marzo de 2012, Universo Online (UOL, noticias) informaba sobre el arresto, por parte de la policía federal, de un brasileño que cobijaba “inmigrantes africanos ilegales en Rio Grande do Sul”. De los diez senegaleses, sólo dos estaban en condición irregular (Azevedo 2012). Según informa la nota, el cometido era ingresarlos a Argentina por un valor que oscilaba entre los 30 y 50 reales. En el segundo caso, Folha de São Paulo también registraba, a mediados del mismo año, que la policía federal brasileña estaba nuevamente poniendo la atención en Uruguaina (RS), bajo la hipótesis de que la localidad se estaba convirtiendo en un punto de tránsito de migrantes ilegales entre la capital argentina y São Paulo. En esta ocasión, no hay información sobre el número de detenidos, pero sabemos que se trataba de senegaleses, nigerianos, chinos y haitianos (Bächtold 2012).

Queda claro que Argentina y, en especial, su capital se está convirtiendo en un lugar atractivo para la migración senegalesa. A raíz de esta “vocación de radicación”, el gobierno argentino, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, aprobó a inicios de 2013 un régimen especial de regularización de extranjeros de nacionalidad senegalesa9.

III

Stuart Hall (2010 [1982]) afirma que las tensiones raciales son un problema de racismo y no de números y que la raza es un significante flotante que se rearticula cada cierto tiempo en contextos específicos (1995 [2014]). Con estas premisas volveremos sobre algunos estereotipos que, en Buenos Aires, se han creado en torno a la migración que estamos comentando. El primer caso es el del polizón. Como bien pudimos notar en nuestra entrega estadística, es una mínima parte de los migrantes subsaharianos la que ha arribado a los puertos argentinos usando esta estrategia de viaje. Sin embargo, recibió bastante cobertura mediática, en la que se resaltaba no sólo las duras condiciones del viaje, sino las causas de su salida: miseria, hambre y guerras (Blanco 2007). No queremos negar que quienes arriesgan su vida como polizones son, en efecto, los más vulnerables, pues salir del continente implica tener cierto capital, ya sea para costearse el viaje directo, o para pagarle a las mafias; capital con el que probablemente no cuentan. Tampoco queremos ignorar las penosas circunstancias que llevan a muchos a salir del subcontinente en busca de mejores condiciones de vida. Sólo deseamos señalar que habiendo otras formas de migración y otras circunstancias que llevan a estos sujetos a emigrar, las mencionadas son las que se ponen en primer plano cuando se piensa en África Occidental, por no decir África en general. Lo cierto es que el polizón ha sido una de las imágenes que más ha marcado el imaginario colectivo de algunos agentes locales (Blanco 2007; Morales 2010). Vale la pena aquí recordar las palabras de Aminata Traoré en La violación del imaginario: “África no es pobre, y nosotros los africanos no lo somos en mayor medida. Si lo somos, sólo es por comparación con una nueva especie humana, el Homo oeconomicus” (2004 158). Cuán lejos está la imagen del polizón de la del emprendedor autosuficiente con el que se mide el éxito en tiempos neoliberales. Independiente de la heterogeneidad que cruza esta migración, se relaciona a priori africano negro con pobreza y con falta de oportunidades.

El segundo estereotipo que queremos mencionar es el del vendedor ambulante con maletín negro en mano. Si bien no todos han usado o usan el maletín para vender su mercadería, éste ha devenido una sinécdoque que los define en el imaginario colectivo. La idea del maletín es además asociada a los productos que venden: baratijas de bijouterie (anillos, pulseras, relojes).

Desde la llegada de los primeros subsaharianos en los años noventa, la venta ambulante ha constituido la opción laboral por excelencia, ora como medio de subsistencia, como forma de maniobrar la condición de “irregularidad”, o como forma de extensión de la actividad comercial desempeñada en el lugar de nacimiento e incluso en otros lugares que hacen parte de sus itinerarios migrantes. Y es que la “migración de sobrevivencia” ha sustituido en buena parte la migración de “mano de obra”. Esta última caracterizó la emigración, principalmente hacia Francia, durante los años sesenta y setenta e inicios de los ochenta. La segunda se ha convertido en una “estrategia de supervivencia”, para usar las palabras de Patrick Chabal. Frente a la flexibilización y a la precarización laboral, que han devenido las reglas que regulan el mundo del trabajo de las últimas décadas, no sólo en África Occidental sino en gran parte del orbe, el comercio informal se ha convertido en una de principales ocupaciones de jóvenes senegaleses, malienses y ghaneses. No obstante, la vinculación comerciante y extranjero es de larga data. Ya lo decía Georg Simmel a inicios del siglo XX: “El comercio siempre podrá dar empleo a más personas que la producción primaria, de ahí que sea el ámbito propio del extranjero, que accede, por así decir, como un supernumerario al círculo en el que las posiciones económicas ya están ocupadas” (2012 22). Si bien Simmel no se refería a los migrantes subsaharianos, sino a los migrantes judíos, ni al comercio como venta callejera, pero sí como medio de sustento, sus palabras se hacen más actuales que nunca, pues cada vez aumenta el número de los que han encontrado en la informalización —lo que algunos han denominado emprendimiento— una forma de subsistencia. Y esto no es una particularidad de las y los africanos, sólo que ellos han sostenido esta práctica desde mucho antes que se convirtiera en la salida al desempleo de las últimas décadas. En términos de valoración social, esta actividad se suele vincular a las capas menos favorecidas, cuya clientela, por cierto, no es precisamente la más pudiente.

Volviendo al contexto bonaerense, resulta interesante señalar que el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley N° 1.472 –en tanto instrumento que reglamenta la utilización del espacio común o vía pública–, si bien sanciona, en sus artículos 83 y 84, el uso indebido del espacio público, también permite un tipo de venta callejera de subsistencia:

 […] no constituye contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta de mera subsistencia que no impliquen una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido, ni la actividad de los artistas callejeros en la medida que no exijan contraprestación pecuniaria. (Art. 83)

Es decir, la multa se efectúa cuando la venta se realiza con fines lucrativos y en volúmenes y modalidades similares a las del comercio formal. Los migrantes conocen muy bien esta reglamentación. De modo que el maletín con baratijas o los pequeños puestos portables son más que un indicio de precariedad, son una estrategia.

Por último, si bien el modo irregular ha sido una constante en esta migración, no es la única vía empleada, pero es presentada como si lo fuera. Valga evocar la nota del traficante brasileño que es detenido en compañía de diez senegaleses, de los cuales dos estaban en situación irregular, aunque la nota refiere “ilegal”. El titular presenta la información de modo tal que induce a pensar que los diez son “ilegales”. En este sentido, la categoría ilegal ha sido “problemática” y en Argentina, por lo menos, la última legislación (Ley 25.871/2004) logró esclarecer que cuando alguien ingresa al país sin la documentación en regla o queda en una situación similar al caducar los permisos (turismo) o infringirlos (estudiante), se trata de una falta administrativa y no de una falta penal10. De modo que, teóricamente, se abren las instancias para corregir tal práctica, antes de recurrir a medidas extremas como la expulsión o la repatriación, y hasta la fecha el país no ha efectuado estas medidas con migrantes extramercosur. La categoría ilegal es más frecuente en la UE, que construye al inmigrante como enemigo al que se enfrenta con programas de deportación y con CIE.

Pese al mencionado cambio legislativo, que además se precia por estar en correlato con el derecho humano a migrar, la noción de migrante irregular que en Argentina ha estado asociada al migrante regional y que ahora cubre al migrante subsahariano, sigue siendo un arma que los agentes de policía usan para ejercer racismo institucional. El caso protagonizado por tres migrantes senegalesas en 2009 ha sido bastante citado. Ellos, con el patrocinio legal de organizaciones sociales, presentaron un recurso de habeas corpus por la reiterada “persecución que sin causa alguna, ni orden judicial de detención” es adelantada por oficiales de la Policía Federal Argentina, quienes les secuestraban la mercancía que en ocasiones no podían recuperar. Este recurso, cuyo fallo fue a favor, amparó por lo menos a 45 senegaleses (Texidó 2012).           

En definitiva, adicional a los estereotipos dominantes asociados históricamente a la población negra, basados en el fenotipo (color de piel, nariz, boca y cadera) y la exotización (cuerpo, ritmo, deporte), tenemos los actuales basados en la forma de arribo, su condición jurídica y a su lugar en la economía local. En este punto vemos que el significante raza de la época colonial, que estuvo asociado al africano negro esclavizado, es rearticulado en torno al inmigrante africano negro, para alimentar con ello una serie de estereotipos que pueblan el imaginario colectivo bonaerense. Y es que el mito de una Argentina sin negros, el mismo que permitió al imaginario nacional invisibilizar la presencia de origen africano en su historia y en sus referentes culturales, le permite ahora fingir un extrañamiento frente a un otro, en apariencia, no conocido.

IV

Para terminar queremos retomar lo planteado en el primer punto y dejar indicada una mutación que, desde nuestro punto de vista, requiere una atención más cuidadosa por parte de las y los investigadores. Desde la instalación de la Comisión en Gobernanza Global en 1992, se viene advirtiendo que “nunca antes el cambio se había dado tan rápido, en una escala global, y con tal visibilidad” (CGG 1995). Como es de perogrullo, el telón de fondo sería la globalización. Este escenario lo que evidencia es que la migración internacional ha devenido un terreno político en disputa, que si bien estaba en la mira desde fines de los años 70, es después de la caída del Muro de Berlín que los intereses se evidencian, pues no toda es igual. Categorías como “migración calificada”, “migración temporal” y “migración circular” son las deseadas y promovidas. En otras palabras, es la migración irregular la que es foco de atención y, dentro de ella, hay rasgos que siguen siendo marcados como indeseados. En este sentido, en las últimas dos décadas, se han ido redefiniendo, constantemente, las zonas de origen, tránsito y destino, con lo cual se promueven programas específicos para gestionarlas.

Este escenario no es azaroso. El programa de gestión migratoria impulsado, en especial, por los Organismos Internacionales, busca una migración ordenada, legal, segura, deseada, planificada y predecible. En pocas palabras: ni refugiados ni migrantes indeseados. Recuérdese que es en nombre del “abuso de las solicitudes de asilo” por parte de los migrantes provenientes de Europa del Este que la Unión Europea promueve la reforma de la política de refugio que finalmente realiza en 2006 y que reduce drásticamente las posibilidades, para los refugiados del “Sur global”, de asilarse en suelo comunitario. Recuérdese también que es en nombre del combate a la ilegalidad –en caso de las mafias– y de la irregularidad –en el caso de los migrantes que no cumplen con las exigencias de ingreso y permanencia– que se promueven convenios de cooperación multilateral o bilateral, según sea la situación, para “armonizar las políticas migratorias”. Esta última medida es la que ha permitido externalizar la política migratoria europea a los países africanos que han sido denominados como zonas de origen y de tránsito de migración irregular que se dirige a la fortaleza Europa. Medidas similares han tenido lugar en Argentina, al invocar el “abuso del procedimiento” de asilo y la necesidad, por tanto, de entablar diálogos de cooperación con Brasil para reducir el tránsito irregular de migrantes subsaharianos. Sólo que en Argentina los efectos hasta la fecha han sido distintos a los de la Unión: una política de regularización. Tal vez sea un tema de números que por ahora no amerita la adopción de medidas drásticas. O a lo mejor se trate de una “respuesta ejemplar”. En este punto cabe señalar que, en el caso latinoamericano, es la Organización Internacional para las Migraciones la que está abonando el terreno para la incorporación del modelo de gestión migratoria. Son el Proceso de Puebla (1996) y el Proceso de Lima (1999) las plataformas desde las cuales la OIM ha ido incorporando las ideas que sustentan dicho programa. Empero, el papel jugado por la OIM en este terreno empieza a ser disputado por otras organizaciones (OEA, por ejemplo) que desean entran a competir en la creación de mercados migratorios, pues programas como los de “retorno voluntario asistido”, “deportaciones”, “emprendimiento migrante”, “proyectos productivos basados en remesas”, “creación de laboratorios estadísticos”, por dar sólo algunos ejemplos, concentran réditos nada despreciables, pues involucran dineros de la comunidad internacional y de los estados interesados en tales servicios migratorios.

En el marco de la gestión migratoria, mientras la migración es presentada como una acción humana normal, consustancial a la globalización, se indican cuáles son las formas de movilidad deseadas. Este cambio epistemológico busca controlar la “libertad de migrar” de manera indirecta y ésta es la propuesta que creemos se está formalizando con este programa de gestión. No significa ello que controles directos como los aplicados por la UE en costas mediterráneas dejen de existir, lo que se busca es que los gobiernos acepten los presupuestos de sus políticas de manera consentida. En Mauritania, por ejemplo, se han creado CIE para detener a los migrantes que sean sorprendidos en sus costas emprendiendo el viaje a Europa de manera irregular. Hasta aquí queda más o menos claro que la “migración irregular” es el chivo expiatorio que pretende desviar la atención de los problemas económicos y sociales que han tenido lugar en las dos últimas décadas. Pero así como es el objetivo político definido, también puede constituir la figura política que desafíe la racionalidad política que sustenta el modelo de gestión migratoria.

Con lo dicho en estas páginas queremos cuestionar los discursos que insisten en que el fenómeno migratorio presenta unas características sin precedentes históricos, buscando con ello instalar políticas para maximizar los beneficios y reducir los costos. Aquí la figura por excelencia es el migrante como “agente de desarrollo”, pero no es la única. La idea de la migración como fuente de “capital humano”, o la del migrante agente que en el lugar de destino activa su capital social, su capital étnico, o su capital político y un largo etcétera, son más que problemáticas. Lo que las políticas de gestión migratoria buscan es rentabilizar la migración misma y a los sujetos que migran. Creemos que esto requiere mayor reflexividad, pues el terreno migratorio disputado entre la economía política y las ciencias humanas y sociales es el mismo. Por eso vale preguntarse hasta dónde las nuevas propuestas analíticas que se invocan –y no dudamos de su necesidad–, lo desnudan para favorecer su rentabilización en términos neoliberales. No hay que olvidar que el neoliberalismo cada vez más busca dominios antes impensados para extender las racionalidades del mercado. Es decir, ¿hasta dónde insistir con las categorías de países de origen y de tránsito permite actualizar la geopolítica que jerarquiza y clasifica los intereses de acuerdo a los lugares de procedencia? ¿Hasta dónde evidenciar las estrategias que usan las y los migrantes para maniobrar sus condiciones migratorias es abonar las políticas del gobierno sobre la vida? Son sólo algunas de las preguntas que deseamos dejar planteadas.

Consideraciones finales
Para cerrar quisiéramos proponer un análisis del programa de gestión migratoria como una racionalidad política (RP), en los términos que lo plantean Peter Miller y Nikolas Rose, con el fin de establecer su relación con la gubernamentalidad neoliberal. Hablamos de una racionalidad política cuando al interior de un discurso político podemos establecer ciertas regularidades en los esquemas ideados, que buscan representar y re-presentar la “realidad” en objetos inteligibles en aras de su intervención. Los autores en cuestión plantean que una racionalidad política presenta tres dimensiones fundamentales: epistemológica, moral y discursiva. A nivel epistemológico la racionalidad política se articula en relación a una concepción de la naturaleza de los objetos a ser gobernados y establece un grupo de personas sobre las cuales el gobierno será ejercido. La dimensión moral es la que hace posible que se elaboren, fijen y distribuyan los poderes y tareas entre las autoridades y actores, al tiempo que se establecen los ideales y principios con los cuales el gobierno será conducido. Por último, una racionalidad política crea un dialecto [idiom] distintivo, propio. En esta dimensión, el lenguaje que constituye el discurso político excede el nivel retórico, en tanto cuanto constituye una tecnología intelectual que traduce la realidad en fenómenos inteligibles susceptibles de deliberaciones políticas. Una primera fase del análisis es entonces dilucidar las racionalidades que sustentan estos programas. La siguiente es analizar las prácticas y las formas de intervención. De modo que esta perspectiva analítica permite articular la gestión migratoria con sus respectivas industrias y mercados, así como las respectivas tecnologías de gobierno.

Como hemos indicado en estas páginas, en el marco de gestión migratoria asistimos a una reconceptualización de la migración, pues ésta se presenta como una acción humana normal connatural a la historia de la humanidad y como un proceso positivo que puede beneficiar a todos los actores involucrados (países de salida, países de arribo y migrantes), pero para que tal situación se cumpla, la migración debe ser legal, ordenada, predecible, deseable, planificada y gestionable. La jerga que articula esta propuesta proviene principalmente del gerencialismo y del liberalismo radical, y como botones de muestra tenemos: gestión, eficiencia, efectividad, cooperación interestatal, armonización de políticas, capital humano y emprendimiento.

Por otra parte, para no dar espacio a pensar que se trata de una perspectiva totalizadora que nubla las posibilidades de resistencia, dejamos enunciadas dos metáforas que arrojan luz en este sentido. Podemos analizar al vendedor ambulante, otrora comerciante, y al migrante irregular como figuras que interrumpen dicha racionalidad. El primero, si bien se ubica en los bordes de la economía, cuenta con un margen mayor de movilidad, en términos físicos, sociales y culturales, pues en ocasiones puede entrar en contacto con los elementos de un grupo, sin generar necesariamente vínculos orgánicos y, en ocasiones, evitar el contacto con otros. El segundo maniobra con tal condición jurídica, a partir de la cual puede escapar al cálculo y la medición y, por ende, a su gestión.

En breve, analizar la gestión migratoria como una racionalidad política permite asumirla como una forma de gobierno que hace parte de la gubernamentalidad neoliberal; de modo que diagnosticar sus modos, presupuestos, conceptos, vocabulario, red de relaciones, actores y prácticas, permite a la crítica advertir los peligros, vislumbrar los puntos de fuga y visibilizar las formas de desobediencia subjetiva, individuales y colectivas, que vienen desde abajo, desde los migrantes que también descodifican los territorios y las políticas que intentan gobernarlos.

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Notas

1 Este recorte temporal es referencial pues los primeros registros datan de 1993 y en ocasiones aportaremos datos de 2011 y 2012. Con ello queremos acentuar que es una migración enmarcada en la pos Guerra Fría y que, una vez marcada la tendencia, ésta va en aumento.

2 En la siguiente tabla podemos hacernos a una idea del número de la inmigración africana irregular llegada a las Islas Canarias en la última década:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4.112

9.875

9.382

8.426

4.715

31.678

12.478

9.181

2.246

196

Fuente: APDHA–Informe de Derechos Humanos en la Frontera Sur, 2010-2011

3 Por ésta entienden dos procesos de cierta forma interconectados: el primero dice relación con los negocios que trabajan por la seguridad de los migrantes, ya sea durante el itinerario de viaje o en los mercados laborales en los que se insertan. El segundo refiere a la sustantiva privatización de los controles migratorios en la que se incluyen compañías de seguridad privada, aerolíneas, empresas de modernización tecnológica, entre otras. Esta industria, al conectar las políticas de migración con los programas de control migratorio, articula los diversos actores (OI, ONG, Organizaciones civiles), roles (guardias fronterizos, facilitadores, traficantes, migrantes irregulares) y estructuras (política, económica y social).

4 Anterior Comité de elegibilidad para los refugiados (CEPARE).

5 La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) está compuesta por 15 comunas que agrupan los 48 barrios de la ciudad.

6 Integrado por la CABA y 24 partidos.

7 Esta disminución aparente puede deberse a que gran parte de los migrantes en cuestión se dedica a la venta ambulante, actividad que realizan de martes a domingo en jornadas extensas que van desde las 10.00 a.m. hasta la madrugada del siguiente día en el caso de los días de feria (Estupiñán Serrano y Kleidermacher, 2012).

8 Al respecto ver: Maffia, 2010; Zubryzky y Agnelli, 2009 y Kleidemacker 2012. Para un primer intento de caracterización de la migración ghanesa, ver: Zubrzycki, Agnelli y Ottenheimer, 2010.

9 Disposición DNM Nº000002 del 4 de enero de 2013. La medida estuvo vigente entre el 14 de enero de 2013 y el 12 de julio del mismo año. Entre la fecha de inicio y el 8 de marzo se habían iniciado 804 trámites y se habían otorgado 631 residencias (DNM, 2013).

10 Por lo tanto, la actual reglamentación “debe facilitar los trámites que deban realizar los extranjeros que deseen habitar el suelo argentino, estableciendo un sistema normativo que complemente y adecue los mecanismos de protección de los derechos amparados, supervisando la actividad administrativa de aplicabilidad de la misma y dictando las normas tendientes a un correcto cumplimiento de los fines y objetivos por ella propuestos” (Decreto 616/2010).