Ciudad Juárez. Sobrevivir: Vidas superfluas y banalidad de la muerte

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Julia Monárrez Fragoso
El Colegio de la Frontera Norte, Ciudad Juárez


Sobrevivir en Ciudad Juárez, desde 1993 a 2011, ha sido paradigmático de muerte y menosprecio a la vida de hombres y mujeres. Aunque los feminicidios de más de un centenar de niñas y mujeres pobres han sido denunciados por familiares de las víctimas y feministas activistas, sus asesinos han permanecido impunes. Los homicidios de hombres por ejecución y ajustes de cuentas relacionados al crimen organizado no han sido denunciados, pero también han quedado impunes. Ante las demandas de justicia, el Estado negó toda responsabilidad argumentando la intrascendencia de las vidas perdidas por ser superfluas, banalizando sus muertes en aras del progreso económico y la imagen de la ciudad. Así, la deshumanización y la industrialización de la muerte se instalan con una violencia extrema, que en 2008 alcanza su pico más alto, respondiendo a técnicas disciplinarias y regulatorias que se incrementaron de una forma nunca antes vista y extendiéndose a toda la ciudadanía.

Palabras clave: feminicidio, homicidio de hombres, deshumanización, banalidad de la muerte, violencia extrema


Vivir en Ciudad Juárez, la frontera norte de México, desde el año de 1993, por lo menos hasta 2011, ha sido sobrevivir a una historia paradigmática de muerte y menosprecio a la vida de mujeres y hombres. Desde 1993, familiares de víctimas y feministas activistas en Ciudad Juárez han dado a conocer el feminicidio de más de un centenar de niñas y mujeres pobres, por asesinos impunes. Sus cadáveres torturados, mutilados y abusados fueron arrojados en zonas desérticas y lotes baldíos. Ante las demandas de justicia, el Estado negó toda responsabilidad y argumentó la intrascendencia de sus vidas y banalizó sus muertes en aras de un progreso económico y la imagen de la ciudad.

En el año 2008, la violencia extrema visibiliza e incrementa los rostros de otras víctimas: las y los asesinados por los grupos del crimen organizado. Ese año fueron asesinadas en México 14.007 personas y 18.6 por ciento de estas muertes violentas tuvieron lugar en el estado de Chihuahua. Ciudad Juárez fue el escenario del 61 por ciento de las mismas a nivel estatal y del 11.35 por ciento a nivel nacional (INEGI 2010).1 Paradójicamente, el 28 de marzo de ese año Ciudad Juárez recibió la noticia de la conformación del Operativo Conjunto Chihuahua. Esta estrategia es parte de la lucha frontal declarada por el ejecutivo federal a finales del año 2006 contra la delincuencia y el crimen organizado para recuperar la seguridad pública de la ciudadanía en todo el país. De la misma forma, las víctimas, en su mayoría hombres pobres, fueron culpabilizadas de sus muertes. Los gobiernos menosprecian su exterminio en aras de un futuro mejor, libre de drogas, y de la buena imagen del país y de la ciudad.

Cuando reflexionamos sobre el drama de violencia que vivimos en Ciudad Juárez, “la muerte es uno de los personajes principales del reparto y reaparece en cada acto” (Bauman 65). En este pasado inmediato, los cientos de mujeres asesinadas convocaron la atención mundial, y el feminicidio fue catalogado como el símbolo y el paradigma de la violación de los derechos de las mujeres en el ámbito nacional (Naciones Unidas 2003). Al finalizar la primera década del siglo XXI, la inconmensurable pérdida de miles de vidas humanas le ha valido a Juárez ser conocida como “el tiradero nacional de muertos” (Turati 8). Estos dos ejemplos paradigmáticos de violencia extrema representan “el punto culminante de un proceso de deshumanización y de industrialización de la muerte” (Mbembe 25) en nuestra ciudad.

La muerte violenta es uno de los indicadores más confiables para medir el grado de violencia que las sociedades experimentan. Igualmente, es uno de los indicadores que nos permite analizar quiénes mueren, quiénes viven y quiénes consienten que mueran. En Ciudad Juárez las víctimas del feminicidio y del crimen organizado en su gran mayoría son pobres; son las mujeres y hombres que viven en zonas con mayores indicadores de pobreza y marginación urbana (Cervera y Monárrez 2011). Y son presentadas a la comunidad, por parte de los criminales y de quienes deben de hacer que los procesos de investigación y justicia operen, como transgresoras de su género y del orden social. Dos ejemplos ilustran estas aseveraciones. En 2009 una mujer fue asesinada y en su piel fue dejado el siguiente mensaje: “El demonio anda en Juárez cuídense, no anden solas ni sexys, seguiremos informando” (PM 5). Por otro lado, ese mismo año, el general Jorge Juárez Loera, quien asumió un importante mando en el Operativo Conjunto Chihuahua, conminó a la prensa para que reportara los homicidios en Ciudad Juárez de la manera siguiente: “En vez de decir un muerto más, digan un delincuente menos” (Siscar 2011). La interpretación genéricamente dominante del asesino y de la autoridad define a los enemigos interiores de la sociedad como “buenos” y “malos”. Este discurso discriminatorio contra las mujeres y los hombres se ofrece a la comunidad: ella fue asesinada por transitar espacios sin ninguna compañía y por la forma provocativa con que viste. Los hombres son ultimados por no haber elegido correctamente las actividades lícitas frente a las ilícitas, entre las que están dentro de la ley y las que están fuera de la misma. Al respecto Judith Butler menciona que “quienes no viven sus géneros de una manera inteligible entran en un alto riesgo de acoso y violencia” porque “la reproducción del género es siempre una negociación de poder” (“Performatividad” 322-323).

Argumentos y perspectivas teóricas
En este largo periodo de violencia, es importante investigar que hemos sido testigos y hemos sobrevivido a lo que Jean Baudrillard (1993) llama las muertes públicas, esas muertes que son diferentes de las muertes naturales porque no son producto del deterioro biológico, sino de la voluntad de un grupo. Esta voluntad ha sido terriblemente cruel con las víctimas. Sus cuerpos inertes yacen en narcofosas, rafagueados, torturados, mutilados, decapitados, estrangulados, colgados, incinerados, desintegrados en ácido, enteipeados, encajuelados, abusados sexualmente y en posiciones humillantes.2 Ellos y ellas han sido abandonados simplemente como “residuos naturales” (Baudrillard 165). Son cadáveres arrojados al “descuido” como símbolos de su “poco valor” humano dentro de la más intolerable impunidad. Y donde la vida de quienes no hemos muerto se refleja en “una supervivencia determinada por la muerte” (Baudrillard 127)3 de las y los otros.

Michel Foucault se interesó en “la consideración de la vida por parte del poder”. Este nuevo tipo de poder ejercido por el soberano tenía la facultad de “hacer vivir” y “dejar morir” (Foucault 218), y terminó designándolo “biopoder”. Sin embargo, hacer vivir consiste en un desequilibrio que se basa en designar a una parte de la población como amenaza para la supervivencia de los demás. Por lo tanto, el soberano utilizó las técnicas disciplinarias y regulatorias de la muerte; la primera de ellas se ejerció en “el cuerpo”, sus efectos fueron en el individuo; la segunda a la especie, a “la población” (Foucault 225) y con esta regularización aparece el hacer vivir y dejar morir, sustentados ambos en la aplicación de la “norma” (228). La norma para Foucault fue el racismo, por medio de esta relación biológica se estableció una correspondencia positiva de corte bélico: “si quieres vivir es preciso que el otro muera” (231). Para que éstos mueran es necesario que dentro de las poblaciones se hagan cortes de lo que debe morir y lo que debe vivir. Esto se logra distinguiendo, jerarquizando, catalogando lo que es una población inferior y otra superior, desde una norma biológica.

Hannah Arendt analizó también la muerte de los seres humanos en los regímenes totalitarios bajo el concepto de seres superfluos. Ella aborda este dejar morir desde dos subproductos de la producción capitalista: uno de ellos es la riqueza superflua; el segundo, que antecede al primero, refiere a:

Los desechos humanos que cada crisis, seguidora invariable de cada periodo de desarrollo industrial, eliminaba permanentemente de la sociedad productora. Los hombres que se habían convertido ya en parados permanentes resultaban tan superfluos a la comunidad como los propietarios de la riqueza superflua. El hecho de que constituían una amenaza para la sociedad había sido reconocido a lo largo del siglo XIX. (Arendt, “Los orígenes” 211)

La sobreacumulación de capital (capital superfluo) sólo pudo darse bajo un sistema social que permitió la mala distribución de la riqueza acumulada y tras haber hecho de una gran parte de la comunidad seres superfluos excluidos del proceso de producción y de consumo por la cantidad de personas “empobrecidas y amargadas”. (Arendt, “Los orígenes” 210)

En Ciudad Juárez, estos asesinatos están marcados y tienen su base material en dos fenómenos del capital mundial: el primero de ellos es la apertura de la ciudad y la entrega de su mano de obra barata al capital transnacional con el llamado proyecto maquilador, que se instaló en esta ciudad a finales de la década de 1960. El segundo es el surgimiento de un macizo corredor de las drogas hacia Estados Unidos, que se convirtió en un corredor de la muerte a mediados de 1980. Junto a estos dos momentos aparece también la corrupción y la inmoralidad en las esferas gubernamentales nacionales, estatales y locales, acrecentada con el proceso de alternancia política que se ha dado en nuestro país a partir de la década de los ochenta. Estos procesos económicos y políticos han producido gran cantidad de seres superfluos, seres humanos residuales. Por eso las agendas de opresión para mujeres y hombres se encuentran tanto en la línea del ensamblaje global, en la economía internacional del crimen organizado —en donde la mayoría de las personas involucradas en las actividades de tráfico de drogas son pobres y fácilmente remplazables (Comisión Global de Políticas de Drogas 2011)— como en el ámbito político que no ha hecho de la vida digna y del derecho a la vida su objetivo de Estado.

Lo dramático del remplazo de estas vidas es que se hace a través de la muerte, y es, de acuerdo con Foucault, el poder —en nuestro caso, el poder económico y el poder político— quien hace esos “cortes” en las vidas de las mujeres y de los hombres, ¿pero cómo se elige quién debe morir y quién vivirá? Se elige desde el valor económico que representan, así como a partir de la justificación y la apología de la norma de lo superfluo desde la diferencia sexual y a través de los discursos que de ella se hacen de los cuerpos victimados de hombres y mujeres, por parte del poder. El poder, en este caso, el Estado, otorga una “permisibilidad” de la muerte para hombres y mujeres. Luego establece una “relación positiva” de la misma cuando manda señales de que “para vivir, es preciso que el otro muera” (Foucault 231). ¿Quién es ese otro? Es el que vale menos que yo, es el sobrante de la ciudad, el residuo del exceso, lo superfluo, lo innecesario, lo primitivo. Son aquellos que, cuanto más tiendan a desaparecer las especies inferiores, mayor cantidad de individuos anormales serán eliminados, menos degenerados habrá con respecto a la especie y yo —no como individuo sino como especie— más viviré, más fuerte y vigoroso seré y más podré proliferar” (Foucault 231). La muerte del otro no es simplemente mi vida, considerada como mi seguridad personal; la muerte del otro, la muerte de la mala raza, de la raza inferior (o del degenerado o el anormal) es lo que va a hacer que la vida en general sea más sana y más pura.

Sin embargo, la guerra que se lanza contra los adversarios expone a los “propios ciudadanos” (Foucault 232), a lo que hoy nos ha dado por llamar las muertes colaterales (Bauman 2011). El asesinato de las y los otros participa de dos elementos: un acto físico que inflige daño a un cuerpo y un acto verbal que lo interpreta. ¿Quiénes mueren y quiénes hablan por ellos? Mueren las mujeres y los hombres, y hablan por ellas y ellos, los asesinos, las instancias gubernamentales encargadas de la procuración de justicia y las élites empresariales. Y en sus discursos permiten la matanza, el aniquilamiento y la descalificación de las víctimas con la banalización de su exterminio.

Una vez expuesto el concepto de la vida superflua como norma de la violencia en la cual descansan el feminicidio y los homicidios por ejecución y ajustes de cuentas4 del crimen organizado, me enfoco en los discursos construidos y gestionados por los poderes del Estado sobre la matanza ininterrumpida de mujeres y hombres. Y aunque tales discursos no explican en su totalidad las causas de esta violencia, sí influyen para que a través de ellos se pierda el derecho inalienable y universal a la vida y la obligación de reparar el daño. Mi razonamiento representa una combinación de la teoría feminista y la teoría crítica humanista que reflexionan acerca del uso de la violencia por parte del Estado, desde el desequilibrio de la diferencia sexual y la selección de poblaciones a las cuales se aniquila. Mi objetivo es examinar los pretextos que se dan para que estas muertes no sean consideradas como pérdidas irreparables, y que la indignación que debe causar, en un proceso civilizatorio, el que a una persona le sea arrebatada la vida, se trastoque en aras de un desarrollo económico y un futuro mejor para ciertos segmentos de la población, con la eliminación de los sobrantes de esa misma población. Mi discusión la he organizado alrededor de dos temas: el primero de ellos es la política del hacer vivir y dejar morir, por parte del Estado, a través del incremento de la muerte violenta de los demás. En el segundo exploro cómo se construye la artificialidad de la finitud de la vida para grupos de mujeres y hombres, y me centro en el análisis de las declaraciones que el Estado autoriza, las cuales se convierten en técnicas de disciplinamiento para los individuos y de la regularización de la población.

Deshumanización e industrialización de la muerte
La muerte se encuentra presente en Ciudad Juárez de una manera intermitente desde mediados de los años ochenta. En estos años la comunidad juarense ha padecido una experiencia devastadora de violencia mortal contra mujeres y contra hombres (véase el cuadro 1). En este sentido, esta práctica sistemática de violencia de género, largamente sostenida, tiene un propósito: “dictar lo que los ‘hombres’ y las ‘mujeres’ se supone que deben ser y disciplinar a las comunidades marginadas y [también] a otras amenazas percibidas contra las estructuras y prácticas políticas dominantes” (Nayak y Suchland 469).

Cuadro 1. Asesinatos en Ciudad Juárez, 1985-2010.

Estas mismas autoras afirman que al centrarnos solamente en el término violencia contra las mujeres, olvidamos e ignoramos la violencia contra los hombres y dejamos a un lado la falta de la debida atención a lo que significa “hacer género a través de la violencia o a la forma en que los códigos de masculinidad afectan negativamente a los hombres” (Nayak y Suchland 472). En este sentido podemos decir que el homicidio y el feminicidio son actos que han disciplinado a los dos sexos, y al mismo tiempo han regularizado a la población juarense.

La muerte violenta de mujeres y hombres, nuestro foco de análisis, comenzó a incrementarse rápidamente en esta ciudad a finales del siglo pasado. Por ejemplo, el número de hombres que murió violentamente de 1985 a 1992 fue 476; este número representa una tasa de 11.3 hombres victimados por cada 100 mil habitantes. En esos mismos años fueron asesinadas 44 mujeres, cuyos casos representaron una tasa de 2.6 víctimas por 100 mil habitantes. Estos crímenes representaron en estos ocho años un promedio de 66 víctimas por año. En 1993 fueron asesinados en esta ciudad 101 hombres, con una tasa de 12.3 casos por 100 mil habitantes y 12 mujeres, con una tasa de 2.6 víctimas por 100 mil habitantes. Este año marcó el inicio de una cuenta ascendente de muerte para hombres y mujeres. Los asesinatos de hombres jamás serían menores al centenar y para las mujeres representaron un promedio de 33 casos por año hasta 2007. Durante estos años la comunidad juarense ya había padecido una experiencia devastadora de violencia mortal. Esta comunidad estaba ya preparada para recibir a la muerte.

Para Ciudad Juárez 2008 es un año fatídico, pues marcó el inicio de una violencia extrema sin precedentes, por su magnitud y la complejidad de atrocidades cometidas contra su población. Ese año la comunidad juarense recibió la noticia, por parte del gobierno federal —a petición y con el beneplácito del gobierno estatal y municipal—, de la conformación del Operativo Conjunto Chihuahua. Esta táctica abrió de una forma inusitada las acciones de la delincuencia organizada, desorganizada, de las fuerzas militares y policiacas y de funcionarios públicos para victimizar a la población. En esta ciudad el alto costo en vidas humanas, con la renovación del feminicidio y los homicidios por parte del crimen organizado, volvió a mostrar la insignificancia de los seres humanos, el fracaso del Estado al hacer uso de la coerción legítima y la precarización de la vida comunitaria.

De acuerdo con los recuentos periodísticos, 1.608 personas fueron ultimadas en esta frontera: 1.510 hombres y 98 mujeres. Las técnicas disciplinarias se incrementaron de una forma nunca antes vista, y junto con ellas, las técnicas regulatorias aparecieron y se extendieron a toda la ciudadanía. La población comenzó a padecer nuevas violencias como los secuestros, extorsiones, pago por piso, derecho de “protección”, autobuses rafagueados —junto con los usuarios que hacen uso del transporte público—, incendio y cierre de negocios. Y la intensificación de otras, como el robo de autos con violencia, asaltos a transeúntes, robo a casa habitación, robo a bancos, violencia sexual contra niñas y mujeres, incremento de la desaparición de mujeres adolescentes5 y, para 2011, se menciona que esta contienda bélica ha dejado un número no precisado de padres y madres sin hijos e hijas, incontables viudas y entre ocho mil y diez mil huérfanos.6 El año 2009 terminó con 2.607 personas asesinadas, 202 fueron mujeres. En 2010 la cuenta ascendió a 3.010, 302 fueron mujeres. La deshumanización e industrialización de la muerte se estableció.

La violencia afecta por igual a hombres y mujeres en Ciudad Juárez. Sin embargo, de ninguna manera se puede afirmar que las experiencias de la violencia para las mujeres sean totalmente diferentes a las de los hombres: “sería tan falso y erróneo como argumentar que las experiencias de ambos sean idénticas”, por ello, se debe estar atenta a las formas diferenciadas en que hombres y mujeres son dañados, pero también a los daños diferenciados que experimentan las mujeres (Leonore J. Weitzman y Dalia Ofer, 1998, citadas por Fionnuala Ni Aoláin 45) y las poblaciones que componen la ciudadanía nacional, rural, urbana, fronteriza y multicultural, juvenil, adulta, nativa, extranjera, etc.

Al estudiar la violencia criminal que se ejerce en el cuerpo de las mujeres y de los hombres, es necesario reconocer lo que Catherine A. MacKinnon se pregunta: “¿Cuándo es un acto sexuado? ¿Cuándo matas o mueres como un miembro de tu propio género, y cuándo como cualquier otra persona que seas? ¿Eres alguna vez alguien más?” (citada por Caputi 437).7

En 1993, familiares de víctimas, feministas y activistas dieron a conocer nacional e internacionalmente el feminicidio: una matanza sistemática de niñas y mujeres pobres, torturadas, vejadas, mutiladas y arrojadas como residuos en lugares inhóspitos de la ciudad. Con el feminicidio, Ciudad Juárez fue objeto de recomendaciones por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. La primera de ellas la realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (1998); en ésta se le hacía saber al gobierno de Chihuahua que los homicidios perpetrados en Ciudad Juárez, desde el punto de vista de violencia contra la mujer, constituían una ofensa intolerable a la dignidad de los seres humanos. En 1999 Asma Jahangir, relatora de la Organización de las Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, afirmó que era el poco valor que se les dio a la vida de estas mujeres lo que hizo que no fueran consideradas como una “gran pérdida”, por lo que sus casos no fueron investigados (Naciones Unidas, Informe de la relatora 1). En 2003, la Oficina del Alto Comi­sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México dedicó una sección especial para los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y aseveró que “Ciudad Juárez es el símbolo y el paradigma de la violación de los derechos de las mujeres en el ámbito nacional y del Estado ausente”. Igualmente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sentenció que esta impunidad, aunada a la falta de credibilidad en la procuración de justicia, ha producido un miedo en la población juarense que derivó en una distancia entre la sociedad civil y el orden público, para beneficio de los autores de estos crímenes (Naciones Unidas, “Informe de la Comisión de Expertos” 10-11). En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el feminicidio como un “homicidio por razones de género” y sentenció al Estado mexicano por esta matanza con los tres casos paradigmáticos de Claudia Ivette López, Esmeralda Herrera Monreal y Berenice Ramos Monárrez. No obstante, ni ellas ni el más de centenar de víctimas acumuladas en estos 18 años han recibido justicia (véase la fotografía 1).

Fotografía 1. Protesta por las niñas y jóvenes desaparecidas. Fotografía de Julia Monárrez (2010).

El homicidio de hombres no tuvo familiares de víctimas ni activistas que hablaran por ellos. Si bien en 1993 las organizaciones de mujeres empezaron a registrar y llevar una lista de hombres y mujeres asesinados, los primeros fueron dejados a un lado para centrarse en el exterminio que se estaba realizando contra ellas. Por otro lado, las autoridades mexicanas aducían que las mujeres eran culpables de sus asesinatos por llevar vidas fuera de la normatividad femenina. Esta misma autoridad adujo que la mayoría de los asesinatos de hombres estaban relacionados con el crimen organizado, y ambos se quedaron impunes. Se permitió que un poder distinto al del Estado ―el crimen organizado― decidiera la muerte de estos hombres sin ninguna consecuencia para los asesinos.

En un excelente trabajo pionero acerca del homicidio masculino en Ciudad Juárez, Salvador Cruz destaca entre otras cosas las siguientes: los hombres asesinados por el crimen organizado son en su gran mayoría jóvenes y marginados. Quienes los asesinan presumiblemente se amparan bajo “una ley alterna y sustituta del Estado” (Cruz 240) en un contexto que cultural e históricamente tolera el uso de armas de fuego, el consumo de alcohol, el silencio y la impunidad, y donde algunos grupos de la población de jóvenes sin trabajo ni educación engrosan las filas del narcomenudeo, el sicariato y las bandas de secuestradores y extorsionadores (Cruz 2011).

Estos grupos delictivos son principalmente las víctimas y los victimarios de esta contienda bélica. Ellos, continúa Cruz, son asesinados mayoritariamente en espacios públicos desolados, pero también en lugares donde su aniquilación pueda ser notada por una mayor audiencia, por el número de personas que se encuentran en esos lugares y las actividades que realizan en bares, comercios, restaurantes y centros nocturnos. Sus muertes ocurren sobre todo en la tarde, cuando las actividades de la población adquieren mayor movimiento y se trasladan de un lugar a otro, donde se supone que debe haber un mayor número de efectivos policiacos que vigilen la seguridad ciudadana. Ante estas acciones desafiantes y retadoras por parte de quienes asesinan, Cruz sostiene que “esta región fronteriza ha conformado, a través de la historia local, las condiciones estructurales y coyunturales que posibilitan la extrema violencia social que se padece … en un vacío de poder del Estado” (259).

La banalización de la muerte
“El Estado es una categoría política central en la organización de nuestras vidas” (Nayak y Suchland 470), y también en la organización de nuestras muertes. Ante la grave problemática del feminicidio y el homicidio, el Estado en sus diferentes ámbitos de gobierno, y a través de los años, no se ha contenido para autorizar el nulo valor que le han conferido los asesinos a las vidas de las niñas y los niños, de las mujeres y los hombres asesinados.

Las declaraciones de los gobernantes impiden que las personas puedan establecer conexión con las víctimas y con la realidad que se vive (Arendt 1994). Sus palabras, transformadas en discursos por analizar, representan ciertos aspectos de la vida de una comunidad; de igual forma, incorporan en la población que las recibe un estímulo para disciplinar y regularizar su “innata repugnancia hacia el crimen” (Arendt, Eichmann 93). Hannah Arendt analizó esta forma de conducir a las poblaciones a través de discursos que contienen una “regla del lenguaje”. Estas reglas del lenguaje son códigos y en el lenguaje común y corriente son mentiras y eufemismos (Arendt, Eichmann 85).8 “El efecto neto de este sistema del lenguaje era no mantener a estas gentes ignorantes de lo que estaban haciendo, sino prevenirlas de que lo equipararan con su viejo ‘normal’ conocimiento de asesinato y mentiras” (Arendt, Eichmann 86).

De esta misma forma han actuado los gobernantes en Chihuahua. En los inicios del movimiento por la justicia, funcionarios encargados de la procuración de justicia, gobernadores y un segmento importante de la comunidad fueron ágiles en definir a las víctimas como mujeres que llevaban una “doble vida” (Nathan 1999). Esta afirmación tiene una relación directa con lo que el gobernador Francisco Barrio (1992-1998), del Partido Acción Nacional, declaró en 1998 en una televisora local: “existe un patrón parecido, [las mujeres asesinadas] se movían en ciertos lugares y frecuentaban a los malvivientes que luego las agredieron” (Najar 3). También el entonces subprocurador de Justicia, Jorge López Molinar, ofreció una solución a la comunidad en relación con la inseguridad ciudadana por las matanzas entre los diferentes grupos del crimen organizado, los asaltos y la violencia en contra de las mujeres, y se basaba en que la ciudadanía “se autoaplique un toque de queda, para que todos los buenos estén en su domicilio con sus familias, y los malos se queden en la calle” (Najar 3).

En la primera declaración observamos cómo el mecanismo disciplinario se ejerció sobre los cuerpos de las niñas y las mujeres asesinadas, cuya conducta alejada de la normatividad femenina necesitaba ser disciplinada y sancionada de una manera permanente, luego se dio paso al mecanismo regularizador sobre la sexualidad de todas las mujeres, que las amonestaba para que su conducta sexual no se apartara de la heteronormatividad forzada y de la conducta recatada y prudente, si no, podían ser víctimas no de hombres, sino de seres que malviven. La segunda propuesta de seguridad puede observarse con plena nitidez en el presente, en los callejones sin salida en que se han convertido las calles de esta ciudad. Ciudad sitiada, ciudad enrejada, ciudad con toques de queda autoaplicados en sus colonias, con sufrimientos vertidos en los distintos talleres que se abren para brindar consuelo, para ofrecer alivio, para sobrevivir a los que se han marchado y reponerse de lo que se ha perdido.

Muerte, inseguridad humana e inseguridad patrimonial son ejemplos paradigmáticos de las diversas violencias que se han desarrollado durante un largo periodo. Son la tecnología disciplinaria del cuerpo (de las y los asesinados) y la tecnología regularizadora de la vida, de la población (los secuestros, la extorsión, los carjackins). Y para quienes tratan de protegerse y hacer vida, de sobrevivir, lo hacen a través de una sociedad sitiada y de calles enclaustradas (véanse las fotografías 2 y 3).

Fotografía 2. El cierre masivo de calles en Ciudad Juárez comienza a partir de 2008. Fotografía de Julia Monárrez (2010).

Fotografía 3. En la búsqueda del consuelo. Fotografía de Julia Monárrez (2010).

En este recuento del pasado, Patricio Martínez (1998-2004), el gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que sucedió a Francisco Barrio Terrazas (PAN), afirmó: “Las Muertas de Juárez no son de mi gobierno, son las muertas de Barrio … Ahí están esas muertas, revolcándose en la bolsa en que las dejó, exigiendo que se haga el peritaje que en su momento no se hizo y que se descubra al asesino” (Crónica/Notimex 2004). Sus discursos patriarcales significan de una manera unívoca la tolerancia de la impunidad en la vulnerabilidad de los cuerpos de las víctimas que fueron asesinadas en la administración anterior y que igualmente, durante su administración, fueron desaparecidas y aniquiladas. Al mismo tiempo, torcidamente desconoce los términos: “muertas” por asesinadas y “revolcándose” en vez de esperando. Con el primer cambio invisibiliza el acto violento, con el segundo, una palabra con doble sentido, en el albur mexicano, las denigra.9

Después de la presencia de los organismos internacionales de derechos humanos con sus respectivos informes, los gobernadores han sido cautos al referirse a las mujeres asesinadas. Si bien la comisión del feminicidio y la impunidad son permanentes, prefieren no hacer referencia a las víctimas y centrar su discurso en la “imagen de la ciudad”. El gobernador José Reyes Baeza Terrazas (2004-2010, PRI), quien sucedió a Patricio Martínez, responsabilizó a medios nacionales y extranjeros, así como a organismos internacionales, de mantener “una campaña estructurada, sistemática y permanente que pretende enlodar la imagen de Ciudad Juárez”, con el pretexto de los feminicidios (Breach y Villalpando 32).

En este esfuerzo los gobernantes y otras voces se han empeñado en su desacreditar a una sociedad globalmente concebida en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y se empeñan, como señaló Karl Marx en el Manifiesto comunista, en mostrar al Estado como un comité que defiende los intereses comunes de la burguesía.

Una de estas voces es la del gobernador, César Duarte Jáquez (2010-2016, PRI). En 2009, siendo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pidió al embajador Juan José Gómez Camacho, representante permanente de México ante Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza, “hacer un esfuerzo” para cambiar la imagen tan “golpeada” que se tenía de Ciudad Juárez en el ámbito internacional, el “estigma” por el caso de las muertas de Juárez. Expresó:

No queremos de ninguna manera ni matizar, ni cambiar una realidad que pudiese existir, pero tampoco asumir una que no existe, porque estigmatizar a esta región —que recibe a miles de mexicanos que buscan una fuente de ingresos y una oportunidad de desarrollo—, hoy le cuesta muchísimo en cuanto a inversiones y empleo, pues hoy a raíz de la crisis económica están desocupados más de 100 mil juarenses. (Parralalinstante.com 2009)

Norbert Elias afirma que “el hecho de morir” cambia al igual que cambia el “desarrollo de la sociedad” (24). Es completamente cierto en Ciudad Juárez, donde la forma de ser asesinado o asesinada persiste y al mismo tiempo se transforma. Lo que no ha cambiado por parte del Estado es la construcción de significados de lo que es la vida o lo que es la muerte, del hacer vivir y dejar morir, y junto con estos actos la disciplina y la regulación de la población.

En agosto de 2011, el gobernador de Chihuahua, César Duar­te Jáquez (2010-2016), del PRI, dio a conocer que el estado de Chihuahua dejaba de ser el número uno en violencia. Tres días antes le había comunicado el secretario de Seguridad Pública Federal que Chihuahua ocupaba el sexto lugar y había una tendencia a la baja (Espinoza 2011). El gobernador no explicó a qué se debía esta disminución, ni cuáles fueron los indicadores de violencia que se tomaron en cuenta para medir el grado de violencia en los 32 estados de la República mexicana.

En el tema que nos ocupa, paradójicamente, un día antes el semanario Zeta había dado a conocer la cifra total de asesinatos registrados desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 31 de julio de 2011. Y de los 50.490 asesinatos relacionados con el crimen organizado, mencionaba que 11.264 ejecuciones correspondían al estado de Chihuahua.10 Y que éste ocupaba el primer lugar en ejecuciones (Mendoza y Navarro 2011), con el 22.3 por ciento de muertes a nivel nacional. Por su parte, Ciudad Juárez, con una cuota de sangre de 8.820 personas asesinadas, representa a nivel estatal el 78.3 por ciento de todas las muertes y el 17.4 por ciento a nivel nacional.

Vale decir que en este atroz sacrificio de vidas humanas, efec­tivamente hemos visto un descenso del 50 por ciento en Ciudad Juárez; sin embargo, es necesario revisar en el interior del mismo la impunidad que prevalece en esta violencia terminal. Por ejemplo, en el feminicidio, la titular de la Fiscalía de Investigación de Homicidios de Mujeres declaró que en 2010 fueron asesinadas 304 mujeres y que sólo 20 de estos casos fueron atraídos por esta oficina por estar relacionados con la violencia de género (González 2011).

Ante esta ignorancia que prima en las autoridades para atender la violencia contra la mujer, Rachel Bowen nos ofrece este análisis:

Los crímenes que no son de género son aquellos que no necesariamente se basan o están motivados en el género de la víctima. No obstante, las diferentes respuestas del Estado a estos crímenes pueden reflejar la atención del Estado en la igualdad de las mujeres y los hombres. Si el Estado le da menos atención al procesamiento de los perpetradores de crímenes contra mujeres que la atención que le prodiga a los crímenes contra hombres, especialmente cuando estos crímenes atacan a las mujeres sobre la base de su género, entonces el Estado sistemáticamente está fallando en proteger a las mujeres. Esta falla puede representar una negación más amplia, por parte del Estado, para garantizar a las mujeres la igualdad de protección de las leyes. (6)

Y si esto resulta insuficiente, quedan en el vacío las recomendaciones hechas por la relatora especial de Asuntos de la Mujer, Martha Altolaguirre, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en 2002, en su informe Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: el derecho a no ser objeto de violencia y discriminación, puso énfasis en estas dos recomendaciones:

Al buscar soluciones al asesinato de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, [es primordial] dedicar mayor atención a la elaboración de una comprensión integrada sobre la manera en que las distintas formas de violencia contra la mujer se relacionan y refuerzan recíprocamente; y a la aplicación de estrategias integradas para combatir esa violencia.

[L]a directora de Unifem ha señalado que la situación de Ciudad Juárez, que padece los problemas del narcotráfico, la pornografía organizada y la prostitución, entre otros, es un factor significativo del incremento de la violencia contra las mujeres. Señaló que hasta que se ataquen seriamente esos problemas conexos no se podrá poner fin a los asesinatos en Ciudad Juárez. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situación de los derechos humanos”)

 En relación con el homicidio, sólo me interesa mencionar que, desde el 1 de enero hasta el 1 de septiembre de 2010, se habían cometido un total de 2.030 asesinatos, de los cuales sólo se habían podido encontrar sospechosos para 67 casos; esto quiere decir que en el 97 por ciento de los expedientes no hay ni siquiera el señalamiento de un responsable (Rodríguez 2010). Por lo tanto queda pendiente la respuesta a la pregunta: ¿quiénes son sus victimarios? No obstante, responde a las tesis planteadas por Bowen, Nayak y Suchland. Hay una igualdad en la aplicación de la injusticia y el disciplinamiento de hombres y mujeres en una comunidad marginada, segregada, arrinconada, diferenciada y regularizada por la violencia extrema.

Al mismo tiempo, la guerra contra el narcotráfico impulsó una narrativa oficial de las fuerzas del orden contra las fuerzas del crimen organizado. En estas posiciones antagónicas, de un lado se encuentran los buenos, del otro lado los malos, los humanos frente a los infrahumanos. En abril de 2011, ante el asesinato de unos agentes de trán­sito por parte del crimen organizado, Julián Leyzaola Pérez, exmilitar al mando de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, habló así:

[Los que mataron a los agentes de tránsito] son unas cucarachas que les gusta vivir en la suciedad, se alimentan de desorden, de la anarquía, necesitan de lo sucio para poder sobrevivir. Ellos segu­ramente no son humanos, porque de serlo hubieran nacido de una mujer, y ellos no lo son, esa gente que se cree valiente al disparar a una persona indefensa, no se merece estar entre la comunidad, seguramente ni convivir con sus propios hijos, ni ir a sus piñatas, ni con su familia, tenemos que echarlos afuera, ustedes los que saben en dónde están metidos, denuncien, digan dónde están, no los cubran, no los solapen.

Existe una gran diferencia que hay entre recoger el cuerpo de un delincuente en las camas frías del Semefo y honrar el cuerpo presente a un servidor público. A los asesinos cobardes, nadie los reclama, a su familia si es que la tienen, les da vergüenza ir por ellos y no con la muerte van a pagar el error de vivir fuera de la Ley. (Bustamante 2011)

Si bien las acciones criminales merecen todo nuestro rechazo y la acción de la justicia, esta retórica es una genealogía de la discriminación sobre la base de lo “inhumano” comparado con lo “normal humano” (Baudrillard 125-126). El asesinato de estos agentes de tránsito representa la “voluntad del grupo” (Baudrillard 165). Ellos son los sicarios, los que ejecutan, los que están conectados a los grupos criminales y que más tarde o más temprano también van a morir. Ellos lo saben: en 2010 un joven fue privado de la vida y su cuerpo descuartizado fue esparcido; en este escenario se le colocó una manta que explicaba la razón por la que lo habían ultimado: “por matar mujeres incts (sic)11 y recibir órdenes del ‘diego’ y para él somos sicarios desechables. att (sic) el ‘7’ sigue tu ‘8’” (El Diario de Juárez 2010 7b).

La muerte ha perdido la ritualización del proceso civilizatorio, dice Norbert Elias, y junto con ésta, la última voluntad de quienes han sido asesinados no se entrega, ni se transmite a sus familiares; por el contrario, lo que priva es la voluntad de los asesinos, que en incontables sucesos nos hacen saber, a través de las narcocartulinas y las narcomantas, que el poder del moribundo ha quedado sin efecto al enfrentarse al de ellos. Su cuerpo, lacerado y en ocasiones completamente mutilado, exhibe la voluntad de los poderes fácticos y su poder de hacerlo morir, para que ellos vivan.

A manera de conclusión
En Ciudad Juárez hay un elemento disciplinario y regularizador: la muerte de mujeres y hombres superfluos durante un largo periodo de impunidad. Comenzaré parafraseando a Foucault: en este largo periodo de muerte en Ciudad Juárez hemos sido testigos de que el gobierno “tiene derecho de vida y de muerte”, esto significa que “puede hacer morir y dejar vivir”, por lo tanto “la vida y la muerte no son esos fenómenos naturales”, sino que deben pensarse dentro “del campo del poder político”. El derecho a la vida no es más un derecho inalienable, histórico y universal, se ha convertido desequilibrada y diferencialmente en derecho de algunos, concedido por medio de la muerte de otros a través de la “voluntad soberana” (Foucault 218). El biopoder no sólo ha permitido el asesinato de los otros, de los infrahumanos, sino también ha tolerado la muerte de los que supuestamente tienen algún valor, de los humanos: son los muertos colaterales.

Frente a esta realidad, empresa y gobierno ofrecieron el evento Juárez Competitiva 2011. Éste fue el primer encuentro empresarial, cultural y deportivo que se llevó a cabo del 16 al 28 de octubre de ese año. Con la presencia de invitados e invitadas internacionales y nacionales que pertenecen a la política, el arte, la ciencia, etc., todas ellas llamadas “inteligencias visionarias”, se pretendió aportar a la ciudadanía juarense ideas, esperanzas y recursos para salir adelante. Entre sus cuatro objetivos destacó el primero de ellos: poner a Ciudad Juárez de una “manera positiva” en los ámbitos “local, nacional e internacional”. Para los organizadores, con esta estrategia se “destaca la importancia económica mundial de una de las ciudades más grandes del continente” y se rescataba “el dinamismo que una vez se vivió en esta ciudad” (Juárez Competitiva. La ciudad que queremos 3-4).

Componer la imagen de la ciudad, cualquier cosa que esto signifique, dice Servando Pineda, es un “acto hegemónico de los grupos de poder” que dejan a un lado las demandas de justicia por parte de las víctimas y las organizaciones civiles que claman en contra del feminicidio y las acciones del crimen organizado, la corrupción policiaca y la falta de justicia. Como grupos en el poder, olvidan mencionar a los “poderosos cárteles de la droga que se han adueñado de la ciudad o hacer un juicio implacable del pobre papel de los gobiernos federales, estatales y municipales para desafiar las crisis económicas a las que está sujeta nuestra comunidad” (Pineda, “Reseña” 14). El único inconveniente es que la muerte, la muerte como proceso violento carente de sentido existe en Ciudad Juárez.

Termino con una cita de Jean Baudrillard:

El poder se establece en la frontera de la muerte. Posteriormente se mantendrá por más separaciones (el alma y el cuerpo, lo masculino y lo femenino, lo bueno y lo malo, etc.) que tienen ramificaciones infinitas, pero la principal separación está entre la vida y la muerte. (130)

Ya que en esta ciudad sobrevivir a las vidas superfluas y a la banalización de la muerte se basa en el principio de que los únicos reales “seres humanos” tienen el derecho a la inmortalidad; los otros tienen solamente el derecho a morir (Baudrillard 127).


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Notas
1 Si bien menciono las cifras oficiales, debo aclarar que a partir de esta violencia letal, son los medios de comunicación, locales y nacionales, los que llevan el recuento de estos asesinatos y las cifras que proporcionan siempre son mayores a las oficiales, así que citaré ambas fuentes.

2 “Encajuelar” es depositar el cuerpo de la víctima en la cajuela del automóvil. “Teipear” es un neologismo que se utiliza en la frontera norte de México, viene de la palabra inglesa tape; así se le conoce a la cinta adhesiva industrial para ductos o empaque. Teipear a una persona es envolver su cabeza, su cuerpo o parte de su cuerpo con estas cintas adhesivas.

3 Las traducciones de las citas de este autor y otras de textos en inglés son mi responsabilidad.

4 Estas palabras forman ya parte del vocabulario tanto de las organizaciones delictivas como de las autoridades y de la sociedad en general.

5 Sólo en los primeros seis meses del año 2011 han sido desaparecidas 188 jóvenes mujeres.

6 No hay cifras oficiales al respecto. Sin embargo se ha creado el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen, para la atención todavía de un número muy pequeño de estas víctimas colaterales de la guerra contra el narcotráfico.

7 Agradezco en todo lo que vale la traducción de María Socorro Tabuenca.

8 Fueron utilizadas en la Alemania nazi, donde se obligaba a emplear palabras tales como “solución final”, “cambio de residencia” y “tratamiento especial”, en vez de “matar” o “enviar a los campos de concentración” a la población judía para su exterminio.

9 Agradezco a Lucha Castro, de Justicia para Nuestras Hijas, por hacerme notar el doble sentido de la palabra.

10 Este semanario fundamenta sus estadísticas en las tarjetas informativas de las fiscalías estatales y la federal, de secretarías de Seguridad Pública estatales y federales. Según cifras oficiales, desde el inicio de esta violencia asociada al narcotráfico hasta 2010, han sido asesinadas en México 34.612 personas. De estas muertes violentas, 29.2 por ciento tuvieron lugar en el estado de Chihuahua. Ciudad Juárez fue el escenario del 63.5 por ciento de las mismas a nivel estatal y del 18.5 por ciento a nivel nacional (Ramos Pérez 2011).

11 Quiere decir inocentes.